Muchos ecosistemas y especies en los países del DR-CAFTA son afectados por la pérdida de hábitat y la cosecha y el comercio ilegales. La protección de la vida silvestre y los hábitats es crítica para el desarrollo económico y ambiental en América Central y la República Dominicana. El comercio ilegal en vida silvestre (flora y fauna) representa una seria amenaza a tal desarrollo. Para combatir dicho comercio y proteger la vida silvestre y el hábitat, el Programa de Cooperación Ambiental trabaja para prevenir el comercio de especies que viola los estándares internacionales. Este trabajo incluye la observancia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y la mejora de la protección y manejo de los recursos forestales y las áreas protegidas.

Nuestras actividades se enfocan en tres áreas

  • Combate al comercio ilegal de especies amenazadas mediante el entrenamiento y actividades que aumentan la capacidad de los oficiales responsables de la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
  • Protección de la Vida Silvestre mediante el apoyo a la infraestructura para el rescate de animales, entrenamiento a camaroneros para reducir la pesca colateral de tortugas marinas amenazadas, y educación al público sobre la importancia económica y ecológica de proteger la vida silvestre
  • Manejo sostenible de los ecosistemas para los bosques, áreas protegidas y otros ecosistemas importantes

Los esfuerzos del Programa incluye:

  • El fortalecimiento de las capacidades científica e institucional de las autoridades de CITES.
  • La capacitación de los oficiales responsables de la implementación de CITES
  • La conformación de redes de inteligencia y la educación del público sobre la importancia económica y ecológica de proteger la vida silvestre.
  • El apoyo a los nuevos o ya existentes centros de rescate de animales.
  • La prevención de la tala ilegal.
  • La promoción del manejo sostenible de la vida silvestre, bosques, áreas protegidas y otros importantes sistemas ecológicos.
  • Gracias al Programa de Cooperación Ambiental del DR-CAFTA, se mejoró la gestión de recursos naturales de 1.3 millones de hectáreas de importancia biológica.
  • Las campañas de sensibilización sobre conservación de la biodiversidad de especies amenazadas impactó a más de 19.1 millones de personas.
  • Se capacitó a más de 122,000 personas incluyendo autoridades gubernamentales en gestión de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y protección de especies en extinción.
  • Más de 8,000 animales y 150 han sido beneficiados por el programa de los nuevos centros de rescate establecidos en los países del DR-CAFTA.
  • Se capacitó mas de 400 funcionarios de agencias de aplicación de la ley (fiscales, procuradores, jueces, policías y fuerzas armadas) sobre mejores prácticas para aplicar la normativa de vida silvestre en el marco de la operatividad de la ROAVIS en los países del DR-CAFTA.
  • Más de 1,300 participantes gubernamentales, ONG, y sectores de la comunidad participaron en la gestión de CITES y en actividades que aumentan la capacidad técnica.
  • 203 leyes y 29 regulaciones se adoptaron para fomentar la protección de la biodiversidad, incluyendo legislación en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Se capacitó más de 100 agentes encargados en procesar tala ilegal.
  • En República Dominicana se decomisaron 3,400 artículos hechos con tortuga marinas y 285 piezas de joyería y otros productos hechos con tortugas fueron confiscados.
  • Las contribuciones del Programa de Cooperación Ambiental del DR-CAFTA fueron utilizados para atraer USD $21 millones fondos adicionales para la conservación de recursos, tales como el pago por servicios ambientales y conservación de fundos gubernamentales.
  • Se desarrollaron guías, metodologías y herramientas para mejorar las habilidades de las autoridades CITES y de pesca en la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial.
  • Revisión del proceso para actualizar la reglamentación de CITES en El Salvador, Honduras y Costa Rica.